El trabajo, un derecho de todas y todos

Por Valery Bobadilla, Encargada del área de Inclusión Laboral del CONADIS

El derecho al trabajo se establece para todas las personas sin distinción en la Constitución dominicana. Sin embargo, las personas con discapacidad no han logrado participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que las demás. Además de la Carta Magna existen otros marcos regulatorios tanto nacionales como internacionales que velan por el derecho al trabajo para esta población, como son la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley No.5-13) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Según datos del IX Censo de Población y vivienda del 2010, en nuestro país la prevalencia en discapacidad es de un 12.3% (más de un millón de personas) y se estima que un 66% de la población con discapacidad en edad de trabajar está desempleada (ENHOGAR 2013). Para paliar esta situación, en República Dominicana se establecen cuotas mínimas de participación para las personas con discapacidad en el trabajo. La referida Ley No.5-13, mandata que en el sector público el 5% de la nómina de cada institución debe estar conformada por personas con discapacidad y en el sector privado dicha participación debe ser de un 2%.

Es importante destacar que la inclusión laboral debe darse en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles. Estas condiciones se ven reflejadas en el nivel de conciencia de los altos mandos y directivos de las empresas e instituciones del Estado sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, a menudo vemos que las organizaciones más inclusivas son las que han madurado este paradigma de derechos y la aceptación y aprovechamiento de la diversidad, al punto de implementar políticas y procedimientos donde todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, participan y se desarrollan en un marco de igualdad; y en las que se hacen ajustes que disminuyen las barreras que puedan existir para que éstas puedan desempeñarse de manera eficiente, autónoma y segura.

Desde el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, se ejecutan distintas acciones con la finalidad de apoyar a las empresas e instituciones a que logren incluir laboralmente a personas con discapacidad. El CONADIS es el órgano rector de políticas públicas en materia de discapacidad y su rol es coordinarse con los distintos sectores sociales y económicos del país, en este caso particular, con los demás órganos rectores en materia de trabajo, así como con el sector privado y la sociedad civil, para la implementación de políticas de trabajo y empleo inclusivas.

En la actualidad, la sociedad dominicana tiene mayor conciencia sobre los derechos de las personas discapacidad y sin dudas viene mejorando la participación social de esta población en comparación con las décadas pasadas, sin embargo, aún persisten barreras para el acceso a la educación, a la atención y aseguramiento en salud y a un empleo digno siguen siendo muy marcadas entre la población con y sin discapacidad. Si bien estamos en un Estado de derechos ¿por qué se mantienen estas diferencias?, ¿cómo podemos lograr que las personas con discapacidad sean definitivamente incluidas al mercado productivo? ¿Por qué no se ha logrado y cuáles son las consecuencias sociales y económicas de que las personas con discapacidad no sean incluidas?